El gigante minero anglo australiano Rio Tinto reconoció haber infligido un daño irreversible a cuevas prehistóricas que fueron habitadas por aborígenes hace más de 46.000 años, durante trabajos con explosivos para ampliar una mina de hierro, en la región de Pilbara.

Los representantes de la comunidad afirmaron que la cueva de Juukan Gorge, en Australia occidental —uno de los lugares más antiguos conocidos ocupados por los aborígenes en Australia— había sido destruida, calificando este acto de «devastador» para la comunidad.

«Los explosivos fueron utilizados cerca del sitio el domingo, de acuerdo con las autorizaciones emitidas por el gobierno del estado hace siete años», dijo Río Tinto en un comunicado.

«En 2013, Rio Tinto recibió la aprobación oficial para llevar a cabo actividades en la mina Brockman 4 que afectaron las cuevas de Juukan 1 y Juukan 2, dijo el portavoz. «Rio Tinto ha trabajado de manera constructiva con el pueblo PKKP (Puutu Kunti Kurrama y Pueblo Pinikura) en una serie de cuestiones relacionadas con el patrimonio en el marco del acuerdo y, cuando fue posible, modificado sus actividades para evitar daños al patrimonio. También buscó proteger los lugares de importancia cultural para el grupo».

What a story on #SorryDay @RioTinto blows up one of country's oldest known Aboriginal heritage sites. And the worst bit? Was all done by the book. Just a few days ago near Tom Price in West Australia. Heartbreaking @benwyatt https://t.co/0mihNAvKys

— Sophie McNeill (@Sophiemcneill) May 26, 2020

Apenas un año después de la aprobación de la utilización de los explosivos, las excavaciones arqueológicas en uno de los refugios descubrieron el ejemplo más antiguo conocido de herramientas de hueso en Australia -un hueso de canguro afilado que data de 28.000 años atrás- y una trenza de pelo de 4.000 años, que habría sido utilizada como cinturón.

Las pruebas de ADN del cabello mostraron un vínculo genético con los antepasados de los indígenas que aún viven en la zona.

Las excavaciones de 2014 también permitieron encontrar uno de los ejemplos más antiguos de piedra para moler jamás descubiertos en Australia.

Pese a estos descubrimientos, el estado permitió a la minera el continuar con su actividad en la zona, sin aplicar ninguna regulación que proteja el sitio y mostrando una total falta de respeto por el sitio sagrado aborigen

No es la primera vez

El historial de grandes desarrollos destruyendo sitios indígenas es, trágicamente, amplio en Australia.

Por ejemplo, una línea de rieles de 2.1 millones de dólares australianos, completada el año pasado en Sídney, destruyó un sitio de considerable significado histórico. Más de 2.400 artefactos de piedra fueron desenterrados en un pequeño yacimiento, indicando que el lugar había sido utilizado por los aborígenes entre 1788 y  1830 para la manufactura de herramientas e instrumentos de piedra de fusil traída a Australia en barcos británicos.

De igual manera, arte rupestre en la península de Burrup, en el noroeste de Australia, está bajo amenaza debido a un proyecto gasífero. El sitio contiene más de un millón de petroglifos a lo largo de 36.857 hectáreas.

Actualmente, el gobierno de Australia occidental está buscando incrementar la protección por medio de un listado de patrimonio histórico, dado que el marco regulatorio actual, tanto a nivel estatal como nacional, evidentemente es demasiado laxo.

¿Qué dicen las leyes australianas?

El recientemente renombrado Departamento de Agricultura, Agua y Ambiente es responsable por el listado de los nuevos lugares considerados como patrimonios nacionales y culturales, y el desarrollo de las pertinentes acciones regulatorias en estas áreas.

A nivel federal la ley 1999 (Acta EPBC) de Conservación de la Biodiversidad y Protección del Medio Ambiente, provee un marco legal para su administración y protección. Es una ofensa el alterar o dañar una zona que figure dentro del listado de patrimonio nacional. Sin embargo, muchos sitios aborígenes ancestrales no están en este listado.

Ancient rock shelters destroyed in Pilbara mining blast on Sunday. PKKP Aboriginal Corporation devastated at loss of Juukan Gorge sites. Terrible irony that awareness of blasting came when PKKP contacted Rio for site access for NAIDOC @BillJohnstonMLA https://t.co/knUkok9oEw pic.twitter.com/OuUph6qYcc

— Ngaarda Media Pilbara (@ngaarda) May 27, 2020

En cuanto a la cueva recientemente destruida por la minera, su verdadera importancia arqueológica fue revelada luego que se diera el consentimiento de explotación, y no había ninguna cláusula para revertir o enmendar la decisión una vez que la nueva información fue descubierta.

Cuando un sitio no está dentro del patrimonio nacional y la legislación federal no se aplica, entran en juego las leyes estatales.

Para los refugios pétreos en Pilbara occidental, la compañía Rio Tinto se guió por la ley de Patrimonio Aborigen de Australia Occidental de 1972 —que ya casi tiene 50 años de antigüedad—. La sección 17 de esta ley dice que es una ofensa el excavar, destruir, dañar, ocultar o alterar de cualquier manera un sitio aborigen sin el consentimiento oficial del ministerio.

No obstante, la sección siguiente (la 18) permite al dueño de la tierra —y esto incluye al que posee una licencia minera— obtener un permiso por parte de un comité para proceder con los trabajos y obras, una acción que literalmente rompe con lo estipulado en la sección anterior de la ley.

Este comité evalúa la importancia y significado del sitio en cuestión y hace una recomendación al ministerio. En este caso, el ministerio permitió a Rio Tinto el proceder con la destrucción del lugar.

Sin consultar a los aborígenes

La mayor preocupación sobre estas leyes —actualmente en revisión debido a lo sucedido— es que no hay estatuto alguno que requiera que los dueños tradicionales de las tierras sean consultados.

Esto significa que los aborígenes son dejados de lado cuando se trata de decisiones vitales para la administración y protección de la herencia cultural de sus pueblos. Y la autoridad yace en un exiguo comité que, en palabras de un artículo de opinión, «carece de autoridad cultural».

Tampoco hay algo que en la ley que asegure que una persona indígena o un antropólogo tenga que formar parte del comité. Peor aún, no hay opción para que los dueños tradicionales de estas tierras puedan apelar la decisión del comité.

Fuente: ScienceAlert.