El Pentágono busca ocultar información clave: la polémica propuesta para limitar el acceso a datos no clasificados

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha solicitado al Congreso una nueva y amplia autoridad para retener registros no clasificados. La propuesta ha encendido las alarmas entre los defensores de la transparencia, quienes advierten que esto podría reducir drásticamente la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar a la agencia federal más grande del país y entender cómo se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes.

Crédito: MysteryPlanet.com.ar.

La iniciativa busca crear una nueva sección en la ley federal que permita al secretario de Defensa eximir la denominada «Información No Clasificada Controlada» (CUI) de ser divulgada a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), si los militares determinan que los registros afectan a la seguridad nacional.

Esta maniobra del Pentágono no se da en un vacío. La solicitud llega en un momento de máxima tensión, marcado por la progresiva desclasificación de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP/OVNI) y una auténtica guerra interna entre el Congreso y la comunidad de inteligencia. Los legisladores han presionado activamente para forzar una mayor apertura institucional sobre este fenómeno, chocando de frente con la resistencia histórica de las agencias de defensa, que ahora buscan un marco legal más estricto para blindar sus datos.

Una marca administrativa convertida en muro de piedra

El sistema CUI fue establecido bajo la administración de Barack Obama para estandarizar cómo las agencias protegen la información sensible pero no clasificada. Hasta ahora, la designación CUI no otorgaba por sí misma la autoridad para ocultar documentos. De hecho, los Archivos Nacionales han enfatizado que este etiquetado no afecta a la liberación de registros bajo la FOIA.

La propuesta del Pentágono cambiaría radicalmente esa dinámica. En lugar de tratar el CUI como una simple marca administrativa, el Departamento de Defensa lo utilizaría como uno de los argumentos centrales para negar información por completo. Brett Max Kaufman, asesor principal del Centro para la Democracia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señaló que durante décadas ha existido «un problema masivo de sobreclasificación en toda la rama ejecutiva», añadiendo que «lo último que necesita el gobierno es un nuevo poder para retener información».

Por su parte, Greg Williams, director del director del Centro para la Información de Defensa (CDI) en la organización de control ciudadano Project on Government Oversight (POGO) con sede en Washington D.C., calificó la propuesta como «una preocupación significativa». Explicó que la directriz generalizada en las agencias suele ser «en caso de duda, márcalo como CUI».

Restricciones a la prensa

Este intento de expansión de la confidencialidad se produce además en un contexto de crecientes restricciones para la prensa bajo la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha limitado el acceso de los reporteros dentro del Pentágono.

El secretario de prensa interino, Joe Valdez, justificó la medida argumentando que se busca «una protección más uniforme y decisiones de retención más consistentes». Sin embargo, la propuesta no detalla por qué las excepciones actuales de la FOIA son insuficientes, considerando que las tecnologías exportables, la infraestructura crítica y los datos de inteligencia ya están blindados por las normativas vigentes.

Si se aprueba, la ley impactará en un sistema FOIA que ya padece retrasos crónicos. Al cierre del año fiscal 2025, el Pentágono acumulaba un récord de 30.476 solicitudes pendientes de resolución. Para Williams, la propuesta es redundante y genera sospechas: «Pregúntese: si va a marcar algo como “información no clasificada controlada” por motivos de seguridad nacional, ¿por qué no clasificarlo directamente?», concluyó.

Fuente: CBS. Edición: MP.